Ley y procedimiento penal

El Código Penal vigente relaciona todos los delitos, desde las infracciones menores hasta los más graves delitos. También regula las consecuencias de la comisión de los delitos (las penas), con un sistema de consecuencias jurídicas o sanciones, que van desde las multas pecuniarias a los largos períodos de prisión.

Los Juzgados y Tribunales penales se organizan en tres niveles. Se inicia con los tribunales penales de primera instancia (Juzgado de Instrucción), que son todos los Tribunales de juez único, y que conducen el proceso penal, instruyendo, llevando a cabo investigaciones, ordenando detenciones y estableciendo otras medidas que crean oportunas. Luego vienen los Juzgados de lo Penal que emiten las sentencias en primera instancia (hasta seis años de prisión). El siguiente nivel serían las Audiencias Provinciales, que son tribunales formados por tres jueces, y que ven y entienden de las apelaciones y juzgan los delitos de especial relevancia.

El procedimiento penal español moderno nace del nuevo régimen legal que instaura la Constitución española de 1978. Es fuertemente “garantista”, esto es, que establece una serie de garantías para preservar los derechos de los detenidos, enjuiciados y sentenciados. En este procedimiento penal moderno es vital contar con una defensa activa tan pronto como sea posible. La Ley de Enjuiciamiento Penal obliga a dar traslado a la defensa de todas las actuaciones que el Juez ordene, para que la defensa pueda contestarlas, proponer pruebas distintas a las que el fiscal (acusación) solicite, etc.

Servicios que RDT le puede prestar:

  • Asistencia a detenidos en comisarías / primera detención.
  • Recurso contra la prisión preventiva.
  • Asistencia durante la instrucción y juicio.

  • Apelaciones.
  • Solicitud de indulto.

El derecho penitenciario es aquella rama del derecho penal que regula el cumplimiento de las penas privativas de libertad. Al igual que en la fase de instrucción y juicio, en esta fase de ejecución de la pena, es importante contar con una defensa activa, ya que la ley regula los llamados beneficios penitenciarios, como las redenciones, los permisos, los progresos de grado y la libertad condicional.

Servicios que RDT le puede prestar:

  • Seguimiento en el cumplimiento de la pena.
  • Solicitud de permisos y evolución de grado en prisión.

  • Recursos ante el Juzgado de vigilancia penitenciaria.
  • Solicitud de libertad condicional.